El pasado mes de marzo el Tribunal de Cuentas, que depende directamente de las Cortes Generales y es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público español, publicó un interesante y revelador informe de fiscalización de la actividad de la Biblioteca Nacional en los ejercicios 2011 y 2012.
En dicho informe, se realiza un análisis de los procedimientos de adquisición, valoración, contabilización, conservación y catalogación de fondos bibliográficos, para a continuación, evaluar la contratación externa de servicios bibliotecarios entre los años 2010 y 2013. Por último, el Tribunal expone una serie de conclusiones que ponen el acento en el aspecto laboral, criticando duramente el excesivo uso de la contratación externa de trabajadores que ha hecho la institución en los últimos años.
Desde el año 2009, la Biblioteca Nacional ha sufrido una importante reducción de efectivos (funcionarios y laboral) que se sitúa en torno al 20% de su plantilla y que es especialmente significativa entre el personal encargado de las funciones bibliotecarias, debido al aumento de las jubilaciones y a la falta de convocatoria de oposiciones, la última tuvo lugar precisamente en 2009. Como consecuencia de todo esto, y siempre según el Tribunal de Cuentas “el personal externo representó en términos globales entre el 49% y el 43% de los recursos humanos destinados en la BNE a tareas de proceso técnico, lo que evidencia que las carencia de medios propios tienen carácter estructural y no coyuntural, manifestando la dependencia de medios ajenos para llevar a cabo sus propias y específicas funciones”, para a continuación recalcar que dicha dependencia “conlleva un menor control por parte de la BNE en la selección y formación del personal, y plantea problemas de gestión derivados de la alternancia que se produce con cada nueva contratación, que precisa de un tiempo de aprendizaje del personal sin experiencia que inevitablemente afecta a la cantidad y calidad del trabajo realizado”.
